A veces vale la pena leer qué piensan los editores acerca de sus propios diarios y luego cotejarlo con lo que publican. En este caso, salvo que haya habido un error involuntario, el diario La Nación publica una nota sobre una encuesta que se realizó entre el 5 y el 9 de octubre pasado entre 481 ejecutivos del sector petrolero. Dejamos por ahora de lado que no aclara cuál es el universo del que se extrajo la muestra o qué otras opiniones hay entre los ingenieros del sector.
El título dice: "La incertidumbre y la corrupción frenan inversiones en el sector energético". Sin embargo, tal afirmación no figura en ningún párrafo de la nota. Pero es sabido que no es el redactor de la nota quien define cuál va a ser el título. Es una decisión editorial. En defensa del redactor de la nota, diremos que con la precarización y la flexibilización del trabajo periodístico -el más flexibilizado junto con el trabajo del servicio doméstico- no siempre los periodistas pueden escribir lo que quieren ni hacer el trabajo como les gustaría. Pero, en tales casos, lo que se hace es retirar la firma de la nota.
Por otra parte, si se lee la nota con atención, se observará que contiene párrafos en los que se brindan datos y párrafos con opiniones del periodista, sin que medie un anclaje en datos o citas textuales. Por ejemplo: "En medio de los tironeos en el Congreso por el Banco Central, la brumosa situación en el Consejo de la Magistratura y la falta de datos confiables tras la manipulación estadística en el Indec, la situación institucional parece clave para los profesionales del sector, muchos de ellos con capacidad decisoria en sus empresas, a la hora de engendrar confianza que incite la inversión a largo plazo."
Otros párrafos contienen interpretaciones de los datos al menos curiosas, si se las compara con el título de la nota y con el subtítulo. Tampoco aclara si el 89,8 por ciento que suman las opiniones signfica que hay otras opiniones. Por ejemplo:
Corrupción pública. Pero ¿cuáles son los problemas que profesionales y especialistas ven reflejados en los marcos regulatorios que hoy rigen esa actividad en el país? El principal es la corrupción, según estimaron. En ese rumbo, los consultados identificaron como los inconvenientes fundamentales a los sobornos (un 39%), el incumplimiento -de las leyes- (30,6%), y la inestabilidad (28,2%).
Dejo en manos del lector el análisis de la nota y como ayuda les copio lo que dice el manual de Estilo del propio diario. Si es un alumno de alguna carrera de Ciencias de la Comunicación o de Periodismo, ya sabe qué es lo que no hay que hacer.
1.- Dice el Manual de Estilo y Etica periodística del diario La Nación en su página 47:
En los temas en los que haya posiciones contrapuestas, LA NACION recogerá en sus páginas todas las disidencias, a fin de ofrecer al lector una cobertura completa del asunto. La opinión propia del diario sbre el tema será tratada en la columna de editoriales.
Este principio se aplicará también a las crónicas, a fin de que el lector pueda tener un conocimiento completo de lo que arguyen las partes enfrentadas con relación a un suceso.
Por Francisco Jueguen
De la Redacción de lanacion.com
fjueguen@lanacion.com.ar
La actual escasez de nafta, los aumentos de precios, la batalla verbal entre las petroleras y las amenazas del Gobierno son sólo peligrosas consecuencias disimulando un problema mayor. Profesionales y especialistas del sector energético creen, en su mayoría, que la industria del petróleo y el gas mantendrá o reducirá sus operaciones en la actualidad por la falta de un marco regulatorio que incentive la exploración y la producción, y como consecuencia de la corrupción existente.
Esa es la conclusión que surge de la encuesta "La industria del petróleo dentro de la matriz energética argentina - visión desde los sectores profesionales" a la que accedió en exclusiva lanacion.com. El relevamiento fue elaborado por la consultora especializada en Recursos Humanos Biset - Fernandez Löbbe después de una minuciosa ronda de preguntas entre 481 profesionales, ejecutivos y expertos que asistieron a la World Gas Conference 2009 entre el 5 y el 9 de octubre del año pasado.
El estudio fue contundente. Afirmó que un 68% de los consultados -en su mayoría ingenieros que trabajan en firmas ligadas al petróleo, el gas y los servicios asociados-, piensa que la industria energética mantendrá o reducirá sus operaciones en el presente. Sin embargo, el futuro, es más optimista. Teniendo en cuenta un plazo de diez años, un 49,7% prevé que el sector se expandirá.
No obstante, las causas para ambas tendencias son muy diferentes. Los más pesimistas indicaron que la falta de crecimiento del negocio energético responderá a la carencia de inversión o incentivos (36,3%), la caída de las reservas (31,4%) y la falta de una política energética seria (15,7%). Por otro lado, los que creen en la expansión de la industria confían en una variable internacional para explicarla: el incremento de la demanda global (54,4 por ciento).
"En un marco general que se percibe particularmente difícil en el presente, la perspectiva se vuelve comparativamente más favorable en el futuro. En este sentido, la visión de la situación más comprometida en la actualidad parece estar vinculada a cuestiones relacionadas con la coyuntura más que con problemas de fondo", aseguró una de las conclusiones del estudio.
En medio de los tironeos en el Congreso por el Banco Central, la brumosa situación en el Consejo de la Magistratura y la falta de datos confiables tras la manipulación estadística en el Indec, la situación institucional parece clave para los profesionales del sector, muchos de ellos con capacidad decisoria en sus empresas, a la hora de engendrar confianza que incite la inversión a largo plazo.
En ese camino, un 54,3% de los consultados considera baja o nula la vigencia de marcos regulatorios que aseguren la rentabilidad en el sector energético. Se trata de la llamada inseguridad jurídica de la que los hombres de negocio se quejan habitualmente. En el documento elaborado por la consultora de recursos humanos la sentencia fue ratificada por profesionales y especialistas.
Desde los últimos años, muchos expertos vienen alertando sobre la caída de la exploración y la producción. Además, varios habían advertido por la posibilidad de que el país se convirtiera en importador neto de crudo. Hace dos días YPF confirmó que debió comprar en el exterior 50 millones de litros de nafta súper para hacer frente a la demanda interna.
Con una visión focalizada ya en el cliente o el consumidor, el 62% de los consultados afirmó que los marcos regulatorios para la prestación de un servicio apropiado tienen en el país una vigencia también baja o nula. "Desde la perspectiva de los entrevistados, la vigencia efectiva de los marcos regulatorios indagados se plantea como una cuestión considerablemente deficitaria", concluyó el informe.
Corrupción pública. Pero ¿cuáles son los problemas que profesionales y especialistas ven reflejados en los marcos regulatorios que hoy rigen esa actividad en el país? El principal es la corrupción, según estimaron. En ese rumbo, los consultados identificaron como los inconvenientes fundamentales a los sobornos (un 39%), el incumplimiento -de las leyes- (30,6%), y la inestabilidad (28,2%).
"Hace varios años que hacemos esta encuesta", señaló a este medio Susana Biset, directora de la consultora. "Los mismos jóvenes profesionales que en 2005 buscaban desarrollo profesional, hoy son ejecutivos que exigen un mejor sueldo. Pero, antes que nada, mantienen y refuerzan otro tipo de vínculo con el trabajo que tiene que ver con la ética, el cumplimiento de las normas y la preocupación por el medio ambiente".
"Ya pasada la crisis de 2001, el profesional busca crecer económicamente. Pero sabe que eso no es suficiente para trabajar en una empresa. Busca desarrollo y buen clima. Pero además hay una fuerte preocupación en el sector por la corrupción y porque hoy esas son las reglas de juego existentes", completo.
En ese sentido, el 51% de los entrevistados afirmó que en el transcurso de su carrera en las empresas focalizadas en el área energética prefiere no tratar con los funcionarios del Estado. La mayoría -un 36,8%- sentenció que esta decisión se debe principalmente a la corrupción existente en el sector.
